Artículo publicado en VIA Empresa y reproducido con permiso expreso de su autor.
Enric Llarch es economista.
La transformación de los sistemas de pensiones de reparto -mayoritario en Europa- hacia el modelo de capitalización ha sido una receta constante por parte de las fuerzas neoliberales en las últimas décadas. Se pretendía liberar de cargas y responsabilidades un Estado que, bajo su criterio, se había engrosado demasiado a consecuencia de las políticas intervencionistas y de bienestar surgidas después de la Segunda Guerra Mundial. El argumentario oficial, aun así, apelaba a la responsabilidad individual y al ahorro para afrontar la necesidad de ingresos una vez superado el periodo laboral activo que, por otro lado, también pretendía alargarse.
Chile como modelo liberal
Estas teorías encontraron el campo adobado para aplicarse en los países de Sudamérica de los años ochenta, donde la revolución autoritaria de carácter conservador pretendía modernizar unas estructuras económicas muy ineficientes y muy intervenidas por el Estado. Chile, después del golpe de estado de Pinochet y la implantación de una dictadura militar, apareció como magnífico campo de pruebas de los teóricos del neoliberalismo, en buena parte reunidos en Chicago, bajo el liderazgo de Milton Friedman.
Uno de los pilares de la revolución monetarista y liberalizadora que se impuso en Chile de la mano de los llamados «Chicago Boys» -economistas chilenos que habían estudiado en los Estados Unidos- fue una reforma radical del sistema de pensiones basada en un esquema de capitalización individual administrado de forma privada. A partir del 1982, todos los trabajadores por cuenta ajena -excepto las fuerzas armadas y la policía- fueron obligados a formar parte de alguna administradora de fondo de pensiones. Los trabajadores autónomos también quedaron al margen y esta ha sido la causa de unas tasas de cobertura menores de las esperadas.
Los costes de transición
Aun así, el traspaso del antiguo régimen de reparto al nuevo sistema de capitalización ha generado durante décadas enormes costes de transición por los derechos adquiridos anteriormente por parte de los trabajadores, que se sumaban a las pensiones asistenciales y a los ingresos complementarios para lograr la pensión mínima. Todo esto pagado sin las cotizaciones sociales que hasta entonces administraba el Estado.
El balance final hay que contextualizarlo dentro del marco regional de América Latina y del crecimiento que la liberalización y el aumento de precios de las materias primeras exportadas por el país han generado durante las últimas décadas. No se llegó ni de lejos a conseguir pensiones que equivalieran al 80% del último salario de los trabajadores. La aportación del 10% de la remuneración bruta resultó demasiado baja para poder acumular capital para una pensión digna en la mayoría de la población.
Las limitaciones de la gestión privada de los fondos de pensiones
Los elevados gastos de las administradoras privadas de pensiones también han influido en estas bajas prestaciones, a pesar de que estas administradoras se han ido concentrando y como tales empresas han tenido una rentabilidad bastante elevada. El rendimiento declarado de los fondos de pensiones fue bastante elevado durante los primeros años de más crecimiento económico -un 10%-, pero después cayó y se sitúa alrededor del cinco o seis por ciento de media. En todo caso, el crecimiento de la economía chilena ha sido muy superior al de las pensiones.
En todo el sistema continúan vigentes las carencias tradicionales de los sistemas de reparto, como por ejemplo pensiones más bajas de las mujeres que han tenido que abandonar temporalmente el trabajo por la crianza de los hijos o penalización de los trabajadores que han estado largas temporadas en el paro. Finalmente, el Estado todavía soporta más del 60% del pago de pensiones por todos los derechos adquiridos y por las coberturas mínimas a todos los que quedan en situación de pobreza y a los que quedaron fuera del sistema.
De modelo de éxito a modelo cuestionado
En resumen, en Chile -y en la mayoría de los otros catorce países sudamericanos que han implementado el sistema de capitalización- el balance es poco esperanzador. El Estado tiene que aguantar durante décadas los gastos por los derechos adquiridos por los trabajadores durante la vigencia del antiguo sistema de reparto. Además, el modelo de capitalización reproduce -si no amplía- las desigualdades preexistentes entre la población en edad de trabajar. Los mecanismos, más o menos intensos para evitar situaciones de pobreza, vuelven a ir a cargo de un Estado que ahora no puede financiarse con las cotizaciones sociales. Finalmente, la gestión privada de los fondos por administradores con afán de lucro, los elevados costes de gestión y la abundancia de capital a escala internacional -que no favorece la consecución de altas rentabilidades si no se asumen riesgos elevados- acaban de penalizar el sistema.
Una reforma parcial
En el 2008 se aprobó una reforma del sistema, pero sin que nadie se planteara volver al sistema de reparto anterior. Básicamente, se mejoró el acceso a las prestaciones complementarias del Estado, se integraron progresivamente los autónomos y se facilitó que colectivos importantes de trabajadores negociaran conjuntamente con las administradoras del sistema para asegurarse mejores condiciones. En los últimos meses, el nuevo presidente de izquierdas, Boric, tenía intención de hacer una nueva reforma para avanzar hacia un sistema mixto, pero la evolución de la situación política parece que acabará abortándola.
El modelo australiano
A diferencia de Chile, el modelo de capitalización australiano lo estableció un gobierno democrático, y de izquierdas, en 1983. El punto de partida, pero, era diferente. En Australia no existía un verdadero sistema de pensiones y el Estado se limitaba a ayudar de forma muy limitada las personas mayores sin recursos ni propiedades inmobiliarias, incluida la misma residencia habitual.
En un contexto de tensiones inflacionistas emergentes, gobierno y agentes sociales acordaron que el aumento anual de las retribuciones pactado -un 3%- se convirtiera en un ahorro obligatorio, como semilla de un nuevo sistema de capitalización. Es el «Superannuation», el plan de pensiones obligatorio. El «Superannuation» establece que un porcentaje del salario bruto tiene que destinarse obligatoriamente al ahorro en forma de fondo de pensiones. Este tramo de retribución está libre de impuestos.
El Estado ejerce una supervisión exhaustiva de los administradores de estos fondos, que se han ido concentrando en cuatro grandes entidades, vinculadas a los respectivos bancos que, a menudo, te ofrecen otros servicios, como el seguro de vida. Aun así, en caso de una eventual quiebra de una entidad -que, por ahora, no se ha producido nunca-, el nivel de cobertura pública se limita a los primeros 250.000 dólares australianos de aportaciones, sin contar los eventuales rendimientos.
Inversión inmobiliaria para la vejez
En una economía en continua expansión, con necesidad de mano de obra y salarios relativamente elevados, el tradicional sistema de ahorro había sido la inversión inmobiliaria. Un mercado éste que en Australia no ha entrado nunca en crisis. Familias de rentas medianas y altas van adquiriendo varias propiedades a lo largo de la vida que mientras tanto alquilan a los jóvenes que todavía no pueden acceder a la propiedad o a los inmigrantes. Este mecanismo continúa siendo plenamente vigente a pesar del «Superannuation», que es relativamente reciente y no ha permitido acumulaciones de capital demasiado elevadas. De hecho, a partir de un 10% inicial, se ha establecido un aumento progresivo de las cantidades obligatorias destinadas a los fondos de pensiones para llegar al 12% en el 2025.
El Estado ha ido reduciendo el grado de cobertura de las pensiones asistenciales, que ha pasado del 75 al 70% de las personas de más de 65 años. Por otro lado, ha aumentado el nivel de actividad laboral de los mayores de 65 años hasta el 13%. De hecho, según las encuestas, una cuarta parte de los hombres de más de 45 años está mentalizada para trabajar más allá de los 70 años.
Los australianos pueden rescatar parcialmente su plan de pensiones al jubilarse si tienen todavía pendiente acabar de pagar la hipoteca de la vivienda principal. Es habitual entre los que tienen menos ingresos venderse la vivienda y pasar a vivir en una más pequeña y barato, como forma de reducir gastos y disponer de más ingresos. De hecho, esta monetización de la vivienda a la hora de jubilarse ya ha sido repetidamente mencionada como un factor para mejorar las rentas disponibles a la vejez por parte del Banco de España.
Para el resto, pueden cambiar de entidad gestora del plan tantas veces como quieran y determinados colectivos profesionales disponen de una gestora específica que, en principio, les ofrece mejores condiciones que el resto.
Cuatro ideas a tener en cuenta
1.- El tránsito de un sistema de reparto a uno de capitalización obligatoria es un proceso largo y complejo, especialmente oneroso para las arcas públicas cuando tienen que afrontar derechos adquiridos a partir de la fiscalidad general, sin ningún ingreso por cotizaciones sociales.
2.- El sistema de capitalización apela a la responsabilidad individual, al sentido del ahorro y a las previsiones a largo plazo de los individuos. Reproduce exactamente el nivel de desigualdades sociales existente en la sociedad y no genera por sí mismo ningún sistema de compensación que, en cualquier caso, tiene que ir a cargo del Estado y de la fiscalidad general.
3.- El funcionamiento del sistema de capitalización está muy condicionado por la evolución de la economía local y por las oportunidades de rentabilidad internacional del ahorro y el capital. Un país en progreso y en expansión -económica y demográfica- podrá generar más rentabilidad y más volumen de recursos para sus planes de pensiones que una economía madura y postindustrial.
4.- Los costes de gestión, el afán de lucro de los gestores de los fondos y la protección ante eventuales quiebras del sistema financiero local o internacional son otros puntos de riesgo del sistema de capitalización.
En resumen, más allá de la generalización de valores como el ahorro, la autosuficiencia personal o la prolongación de la edad activa de los trabajadores, el sistema de capitalización no parece ninguna alternativa real a los actuales sistemas de reparto como el nuestro. Los costes de transición son muy elevados y muy onerosos para las arcas públicas, no resuelve ninguno de los retos derivados de la caída de la natalidad ni de un sistema de puestos de trabajo de baja calificación y bajos salarios. Y tiende a reproducir -o acentuar- las mismas desigualdades sociales entre los jubilados que las que ya existían entre los trabajadores activos.
