En un comunicado que resuena con urgencia en el sector del calzado español, la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) ha expresado su profunda preocupación ante el nuevo Reglamento de la Unión Europea contra la morosidad.
La FICE aboga por un régimen especial para las pymes exportadoras
Esta normativa, según FICE, plantea un desafío significativo para las empresas zapateras de España, especialmente aquellas con un fuerte enfoque en la exportación. La FICE argumenta que esta ley podría comprometer gravemente su competitividad en un mercado global donde las empresas de otros países no enfrentan las mismas restricciones.
Marián Cano, secretaria de FICE, ha destacado que las disposiciones actuales de la ley Crea y Crece, especialmente el plazo máximo de 30 días para los pagos, ya han puesto en jaque a las pymes del sector, limitando su acceso a ayudas europeas cruciales. La FICE aboga por un régimen especial para las pymes exportadoras que les permita navegar en este entorno competitivo sin ser lastradas por requisitos que no toman en cuenta las particularidades del comercio internacional.
La rigidez en los plazos de pago podría aumentar la morosidad
Cano enfatiza que la ley debe ser revisada para adaptarse a las necesidades específicas del sector del calzado, que a menudo enfrenta ciclos de producción y cobro más largos que otros sectores. Además, señala que la rigidez en los plazos de pago no solo afecta la liquidez de las empresas, sino que, paradójicamente, podría aumentar la morosidad en lugar de reducirla.
Este llamado a la acción no solo busca una revisión de la normativa para hacerla más flexible y considerada con las características propias del sector zapatero, sino que también subraya la necesidad de apoyo gubernamental para las empresas que ya se enfrentan a la disminución del consumo y el aumento de los costes laborales.
Regular la morosidad, sí. Medidas con flexibilidad, también
La FICE advierte que sin ajustes en la regulación, el impacto será particularmente devastador para las medianas empresas del sector, las cuales podrían encontrarse en desventaja frente a grandes corporaciones con más recursos para adaptarse a los cambios.
La posición de la FICE refleja una preocupación compartida en el sector: la necesidad de equilibrar la lucha contra la morosidad con la realidad operativa de las pymes del calzado. Cano concluye que, si bien es positivo regular la morosidad a nivel de la UE, es crucial que se implementen medidas con flexibilidad, teniendo en cuenta las distintas dinámicas de cada sector, para no perjudicar la competitividad y viabilidad de las pequeñas y medianas empresas del calzado en España.
