Pere Brachfield es morosólogo, consultor especializado en la gestión integral del riesgo de crédito comercial, en la mejora de los procesos de cobro y en la recuperación de impagos, profesor de EAE Business School y autor de numerosos libros sobre morosidad y riesgos de crédito.
A lo largo de los siglos XVIII y XIX surge una nueva tradición jurídica y política en Europa como reacción contra el absolutismo. La idea central es la libertad en sus diversas manifestaciones: libertad frente a la detención arbitraria, libertad de conciencia, domicilio, ocupación y expresión. También aparece el concepto de derechos fundamentales de la persona que los estados deben reconocer y proteger, y cuya expresión más representativa se encuentra en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Francesa de 26 de agosto de 1789.
Una limitación del poder estatal en beneficio del conjunto de derechos reconocidos al ciudadano
En el siglo XIX nace la doctrina del Estado de Derecho. Éste preceptúa que el ejercicio del poder en todas sus formas está sometido a reglas jurídicas que aseguran las libertades y derechos de los ciudadanos frente al Estado mismo. Consecuentemente, lo que caracteriza al Estado de Derecho es una limitación del poder estatal en beneficio del conjunto de derechos reconocidos al ciudadano, que son considerados no como una concesión de la ley, sino como verdaderos derechos naturales, anteriores y superiores al propio Estado. Así pues, la seguridad jurídica en su más amplio concepto se convierte en el fin primordial y la razón de ser del Estado de Derecho.
La mayoría de las legislaciones liberales europeas mantuvieron la pena de prisión por deudas
El Estado de Derecho triunfa y a partir de ese momento los Estados deben defender a los ciudadanos frente a los atropellos que puedan sufrir sus libertades individuales y además protegerlos en sus condiciones materiales de vida. No obstante, la mayoría de las legislaciones liberales europeas mantuvieron la pena de prisión por deudas, y consagraron esta medida como una forma de castigo ejemplarizante para los morosos insolventes.
Este artículo forma parte del Álbum «Numerio Negídiez: de profesión, moroso», publicado por el propio Pere Brachfield en colaboración con Albert Pallarés. Su reproducción ha sido autorizada por el propio editor.
