El pequeño comercio no se halla, en general, entre las prioridades de los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Aspectos como la regulación de centros comerciales no suelen aparecer en los programas de las formaciones que aspiran a llegar a la Moncloa; en especial, en los mayoritarios.
Basta decir que en los programas de los dos partidos que han gobernado España en los últimos años, PP y PSOE, los términos «centro comercial», «gran superficie», «formato comercial» o «pyme comercial» no aparece, a pesar de que estas formaciones cuentan con documentos extensísimos que recogen sus propuestas. En concreto, el programa de los socialistas alcanza las 274 páginas. En el caso de los populares, las propuestas programáticas ocupan 226 páginas.
En este caso, el del PP, la única mención hallada en lo que respeta a la regulación de aperturas es genérica. En concreto, los populares afirman que «vamos a extender el principio de innovación en la gestión de la Administración pública y en la prestación de servicios a través de planes específicos. Se analizarán las buenas prácticas de gestión de cada Comunidad Autónoma para extenderlas al resto, y se potenciarán los acuerdos entre Comunidades Autónomas y Entidades Locales para reducir los tiempos y los trámites para creación de empresas, licencias de apertura, certificados de impacto medioambiental, etc. Extenderemos a todas las oficinas públicas los mecanismos de control la evaluación de resultados y la aplicación de indicadores de gestión conforme al Libro Verde Europeo».
El PSOE, aun siendo más extenso, no dedica proporcionalmente excesiva atención a la política de licencias comerciales. «Es necesario ayudar a las empresas a crecer, a fusionarse, a expandirse -proponen los socialistas-. En la economía española los umbrales de 6 millones de euros y 50 empleados, a efectos administrativos, fiscales y laborales, producen un efecto escalón, que se traduce en un menor incentivo para las pequeñas en convertirse en medianas. Hay que luchar contra estas barreras que limitan el crecimiento de las empresas españolas y facilitar su internacionalización, el acceso a financiación y una cierta unidad de mercado».
Así, como medidas para incrementar el tamaño medio de las empresas, el PSOE aporta dos propuestas.
- Sustituir el sistema de licencias por un sistema de acreditaciones –abierto y sin cupo-. Extender el silencio administrativo positivo y la Declaración Responsable del empresariado para empezar a operar. Fomentar el reconocimiento mutuo entre CCAA de las licencias y permisos para hacer efectiva la unidad de mercado.
- Eliminar licencias innecesarias o sustituyendo el sistema de licencias por un sistema de acreditaciones, abierto y sin cupo, y extendiendo el silencio administrativo positivo y la Declaración Responsable del empresario para empezar a operar, siempre que ello no menoscabe la tutela del interés general y de los derechos e intereses legítimos de terceros . Armonizando las licencias y permisos dentro del país, a través del reconocimiento mutuo entre Comunidades Autónomas haciendo así efectiva la unidad de mercado sin perjuicio de sus competencias.
Desde Unión Progreso y Democracia, se expone que «la fragmentación del mercado español se traduce en un elevado coste que dificulta la actividad empresarial. Las distorsiones en el mercado interior entrañan costes diferenciales para las empresas en función de su localización y suponen un freno al crecimiento. Las consecuencias económicas de tales prácticas, disminuyen la competencia, perjudican a la competitividad internacional, dificultan la inversión, en definitiva reducen el nivel de vida y el bienestar de los ciudadanos. Combatir tales prácticas permitirá reducir los costes de las empresas y que los consumidores accedan a una gama más amplia de bienes y servicios de mayor calidad y a menor precio».
En este sentido, UPyD defiende «la unidad de mercado real como elemento imprescindible para mejorar la actividad económica en nuestro país. Por ello,en UPyD consideramos imprescindible facilitar la obtención de las licencias de apertura comercial simplificando el caos normativo ahora existente y fomentar así la actividad emprendedora. Las licencias de apertura comercial no deben actuar como traba ni ser un obstáculo que retrase la apertura de un comercio».
Podemos es probablemente la formación que muestra mayor sensibilidad con el pequeño comercio. La formación emergente considera «necesario buscar un equilibrio que proyecte el modelo de ciudad en la que queremos vivir. El tejido comercial local aporta muchas más cosas aparte de vender un producto. Aporta un modelo de relaciones sociales, aporta un sentido de cotidianidad, de interactuar con la ciudad, ya que fomenta el encuentro entre las personas y genera una sociedad más cohesionada y unida. Los centros comerciales caminan en dirección contraria, fomentan relaciones impersonales. Las grandes plataformas no siempre generan empleo en términos globales, destruyen el existente en la zona y lo reordenan bajo una nueva condición, más precaria normalmente. Si queremos que el tejido comercial de proximidad siga formando parte de nuestro paisaje urbano tenemos que garantizar poder hacerlo».
Desde Podemos se entiende que «la concesión de licencias es de competencia autonómica y son varias nuestras propuestas al respecto en las diferentes Comunidades, todas ellas en pos de garantizar la convivencia entre las grandes superficies y los comercios locales. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, Podemos propone un Estudio Previo de Impacto Comercial para la concesión de licencias, con obligada audiencia de las asociaciones comerciales y que permite conocer la influencia en el barrio antes de la autorización; el estudio debe ser financiado por el grupo promotor solicitante de licencia».
Ciudadanos ha respondido de manera escueta a la cuestión. La formación naranja afirma que, en caso de llegar a la Moncloa, “no restringiremos las licencias porque el comercio es fundamental para la vida económica de cualquier ciudad o país. No queremos limitar; en todo caso, ampliar. Y, como mínimo, en ningún caso reduciremos las actuales licencias”.
Democràcia i Llibertat, coalición en la que se integra Convergència Democràtica de Catalunya (formación que tradicionalmente se ha distinguido por la defensa del pequeño comercio), aboga por «mantener la legislación catalana que obliga a los establecimientos a localizarse en la trama urbana consolidada de los municipios y oponernos a todas las leyes estatales que se regulan con carácter básico que pretenden acabar con el modelo propio de Cataluña de coexistencia equilibrada entre los diferentes formatos de la distribución. De hecho, desde la Generalitat hemos recurrido todas estas normas estatales que tienen carácter básico, con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado como bandera».
Mientras, Esquerra Republicana de Catalunya considera que «la implantación de nuevas grandes superficies tiene que estar regulada con el objetivo de garantizar el interés general y un mercado competitivo». Los republicanos entienden que «el punto de partida es la regulación aprobada por el Parlament de Cataluña, que consiste en la delimitación de las tramas urbanas consolidadas y el otorgamiento de las licencias administrativas según la calificación de la gran superficie».
Para la elaboración de este reportaje, Diffusion Sport también ha contactado, repetida e infructuosamente, con Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria. En el caso del Partido Popular, se ha obtenido igual respuesta, si bien a través de su página web se ha accedido a su programa completo.
