¿Deberán las tiendas hacer de cajeros y facilitar dinero en efectivo?

Las empresas podrán acogerse a la demora en el pago de impuestos por el coronavirusEn los últimos 15 años han desaparecido en España el 23% de los cajeros debido al cierre de oficinas bancarias y a la digitalización del sector. Asimismo, un 55% de los municipios, donde reside hasta un 3% de la población, carecen de un cajero automático.

Por este motivo,la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realiza una serie de recomendaciones en el “Estudio sobre la retirada de efectivo en cajeros automáticos” con el fin de que los ciudadanos que están en riesgo de exclusión financiera (zonas rurales y los colectivos vulnerables) tengan más facilidades para poder acceder a este tipo de servicios. Entre otras, señala la necesidad de adoptar un marco legal que impulse fórmulas como el cashback y el cash-in-shop, muy extendidas en países de nuestro entorno, que permiten retirar efectivo en comercios locales. Además, la CNMC recuerda que el apoyo público a sistemas de acceso a efectivo en zonas rurales puede hacerse a través de licitaciones públicas y la concesión de ayudas, que no deben distorsionar la competencia.

La CNMC ha elaborado el Estudio a solicitud de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, a raíz de una Proposición No de Ley aprobada por la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados.

Sistemas alternativos a los cajeros automáticos

¿Las tiendas deberán hacer de cajeros?En el caso del sistema cashback, cuando el cliente compra un producto en un comercio y lo paga con su tarjeta bancaria o a través de una aplicación puede solicitar al vendedor que le cobre el precio de compra más una cantidad. Esa cantidad adicional se le devolverá en efectivo. En el caso del cash-in-shop, no es necesario vincular la retirada de efectivo a una compra. El impulso de ambas fórmulas facilitaría que se extendieran los puntos de acceso al efectivo y la inclusión financiera de quienes no disponen de un cajero automático cercano.

En cuanto a la segunda recomendación del informe, la CNMC recuerda que las iniciativas de contratación pública y de concesión de subvenciones para la instalación de cajeros u otros sistemas de acceso a efectivo deben impulsar la competencia y evitar que se expulse a la iniciativa privada. Para ello recomienda seguir las pautas de las guías de contratación pública y ayudas públicas de la CNMC.

Asimismo, la CNMC incluye las siguientes conclusiones en su informe:

  • Reducción de cajeros. El número de cajeros automáticos en España ha disminuido un 23% en los últimos 15 años a causa del cierre de oficinas bancarias y la digitalización.
  • Reducción del uso de efectivo. Las personas más jóvenes y las de mayor edad son las que más utilizan el efectivo. En 2021, menos del 36% de los ciudadanos en España declaraban utilizarlo como medio de pago más habitual, frente al 80% en 2014.
  • Zonas rurales sin servicio de retirada de efectivo. Aunque España es uno de los países europeos con una red más extensa de cajeros automáticos, el 55% de los municipios españoles (donde reside un 3% de la población) carecen de cajero automático.
  • La competencia contribuye a una mayor inclusión financiera, ya que estimula a los operadores a proponer una oferta de servicios más extensa y completa.
  • La regulación de las tasas de intercambio por retirada de efectivo (las tasas interbancarias) puede desincentivar la instalación de cajeros. Además, las grandes diferencias de costes y número de clientes entre cajeros dificultan el establecimiento de tasas que se adecúen a todos los casos sin poner en riesgo la sostenibilidad de los cajeros con menor demanda.
  • Baja penetración de sistemas alternativos. Los sistemas de cashback y cash-in-shop están más desarrollados en otros países europeos y cuentan con gran potencial para aumentar el acceso a efectivo.
  • Las medidas públicas para fomentar la instalación de cajeros automáticos y otros sistemas alternativos de acceso al efectivo (regulaciones, procedimientos de contratación pública y de ayudas públicas) deben regirse por los principios de regulación económica eficiente y promover la competencia para alcanzar los mejores resultados.

 

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