¿Penas de cárcel para las tiendas que abran?

penas de cárcel por abrir tiendas durante el estado de alarma por el coronavirusSubir la persiana de una tienda de deportes nunca pudo acarrear más riesgos. Al margen de exponerse a contaminarse con el Covid-19, una circunstancia no suficientemente tenida en cuenta por buena parte de la población, quienes decidan estos días abrir un punto de venta que no se incluya entre las excepciones contempladas en el “estado de alarma” contemplado en el Real Decreto-ley del Gobierno se pueden enfrentar a penas de cárcel.

«La sanción administrativa podrá sumarse la pena de multa impuesta por el Juzgado»

Así lo señala Mayte González, abogada especializada en Derecho Penal y Procesal del despacho Sanahuja Miranda, quien alude al Código Penal y, en concreto, a su artículo 556, para recordar que serán castigados con penas de cárcel de entre tres meses y un año aquellos que se resistieran o desobedecieran “gravemente” a los agentes de la autoridad. La mayoría de los incumplimientos, no obstante se sancionarán a través de alguna de las infracciones previstas en los Arts. 35, 36 y 37 de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana (Conocida como Ley Mordaza) y «son las que han empezado aplicarse por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero a la sanción administrativa podrá sumarse la pena de multa impuesta por el Juzgado», indica la abogada.

¿A qué sanciones y multas puede enfrentarse cualquier persona por no observar las medidas contempladas en el Estado de Alarma? Mayte González manifiesta que hay que «tener en cuenta cuatro preceptos legales y que recogen las sanciones a imponer a los que no respeten las restricciones impuestas por el Gobierno».

30.000 euros si hubiera desobediencias o resistencia a los agentes

penas de cárcel por abrir tiendas durante el estado de alarma por el coronavirusEn primer lugar, a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza. «De ella, recoge las sanciones de carácter leve que se sancionan con multa de 100 a 600 euros para aquellos que retiren “vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las fuerzas y cuerpos de seguridad para delimitar perímetros de seguridad». Estas multas podrían ascender hasta los 30.000 euros si hubiera desobediencias o resistencia a los agentes, “así como la negativa a identificarse a requerimiento” de estos o se facilitara “datos falsos o inexactos», indica la letrada.

En segundo lugar, será de aplicación la ley de 2011 sobre salud pública, y que fija multas que van de los 3.001 euros a los 60.000 a aquellos que realizaran «conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño grave para la salud de la población». Estas sanciones pasarían a ser de hasta 600.000 euros en el caso de que se incumplieran “de forma reiterada” las instrucciones recibidas o que se incumpliera un requerimiento de la autoridad que comportara graves daños para la salud.

Hasta 30.000  euros a infracciones consideradas graves por “el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos” 

En tercer lugar, González destaca que «la Ley de 2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta impone multas de 1.501 euros a 30.000 a las infracciones consideradas graves por “el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos” de la autoridad, así como en el caso de que no se colaborara con “los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas”. Estas sanciones se elevarían hasta los 600.000 euros si se considera que esta actitud supone “una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes”».

 

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