Si Cataluña quiere cobrar el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), tendrá que ampliar los horarios comerciales, según los nuevos condicionantes que ha impuesto el ministerio de Hacienda a varias Comunidades Autónomas para acceder a este dinero. Según publica el diario «El País», la Generalitat catalana se habría comprometido con Hacienda para llevar a cabo una cierta «flexibilización» de los horarios comerciales, en vistas a incorporar un «aumento de festivos de apertura y de horas semanales de apertura para todos los establecimientos».
Esta obligación, que afectaría también a otros seis territorios (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana), supondría un nuevo conflicto de competencias entre la Generalitat y el Estado, ejemplariza la política de Cristóbal Montoro de intervenir en las decisiones del Gobierno catalán, después de que impusiera otros condicionantes como la garantía que ningún dinero proveniente del FLA sirviera para hacer políticas de corte soberanista.
De hecho, Cataluña trabaja actualmente con una tímida reforma de los horarios comerciales, que lejos de la liberalización que el PP practica en las autonomías donde gobierna, plantea, tal como propuso recientemente al consejero de Empresa, Jordi Baiget, pasar de las 72 horas semanales de apertura a las 78, aunque el mismo departamento habría desvinculado esta reforma de las exigencias del FLA.
Fomento del crecimiento económico
Con todo, la intención de forzar la liberalización de horarios vía obligación para cobrar el FLA denota el interés del Gobierno español de condicionar la política de las diferentes Comunidades Autónomas más allá de la propia legislación. La herramienta para hacerlo serían los planes de ajuste que las Comunidades tienen que asumir para poder acceder a los fondos económicos. Según el Plan de ajusta para Cataluña, hay una serie de «reformas estructurales» destinadas a «fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo».
Otros aspectos del plan para Cataluña incluyen la necesidad de que el Ejecutivo catalán acepte la ley de unidad de mercado española, una normativa que empezó otro conflicto de competencias entre Generalitat y Estado porque permite el ejercicio a Cataluña de empresas autorizadas en otros territorios, prescindiendo de la normativa específica catalana en aspectos, entre otros, como los usos lingüísticos.
