Una información publicada por El Economista pone de relieve el problema de las contribuciones fiscales de algunos de los gigantes del comercio electrónico. En este caso se trata de Aliexpress, la tienda online de Alibaba, que según dicho medio solo declara en nuestro país un 0,2% de sus ingresos reales.
Así, y según El Economista, este ecommerce alcanzó el pasado año en España un volumen de negocio de 2.129 millones de euros, derivados de los casi 42,6 millones de pedidos. En cambio, Alibaba E-Commerce Spain declaró 3,9 millones, una cifra que dista mucho del negocio real.
Un entramado fiscal con sede en las Islas Caymán
La razón que «justifica» esta práctica radicaría en que la filial española de Alibaba no registra las ventas de producto en España, sino que lo hace a través de la sociedad Alibaba-com Singapore E-Commerce Private Limited, ubicada en Singapur. Hay que tener en cuenta, asimismo, que la sociedad matriz de Alibaba, Taobao China Holding Limited está participada al cien por cien por una sociedad de nombre similar radicada en las Islas Caymán y que es la cabecera final del negocio de la plataforma.
La propia compañía china informa en una nota remitida al regulador bursátil norteamericano (Securities and Exchange Commission, SEC) que, «como empresa de las Islas Caymán, por lo general no estamos obligados a cumplir con las sanciones de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea en la misma medida que las entidades en estos países». Por si no quedara explícito, el informe añade que «puede resultar difícil o imposible para nuestros accionistas iniciar una acción contra nosotros en las Islas Caymán o en China en caso de que crean que sus derechos han sido infringidos».
Menos de 88.000 euros en impuesto de sociedades
La filial española de Alibaba declaró en 2019 un resultado bruto de 326.412 euros. En concepto de impuesto de sociedades abonó al fisco 87.903 euros.
España ha decidido implantar la «tasa Google», con la que gravaría a aquellas empresas cuyos ingresos anuales superaran los 750 millones de euros y con ingresos en nuestro país que rebasen los 3 millones a través de servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea o deventa de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. Esta normativa, no obstante, tiene carácter «transitorio» hasta aprobarse una normativa internacional. Su liquidación no se realizará antes del 20 de diciembre y se espera que pueda evitarse a través de un acuerdo internacional en el marco de la OCDE.
