La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (Aecc) ha emitido un comunicado a raíz de la resolución de la Generalitat de Catalunya que obliga a clausurar los establecimientos radicados en dichos complejos, a excepción de los destinados a la alimentación. A través del comunicado, la entidad desea poner de manifiesto «la discriminación que sufren los comerciantes cuyos negocios están ubicados en centros comerciales ya que, con independencia de su tamaño y actividad (excepto aquellos dedicados a la venta de productos esenciales), se han visto obligados a cerrar sus puertas en Cataluña, mientras que los establecimientos ubicados a pie de calle pueden abrir hasta 800 metros cuadrados de superficie».
En peligro el empleo de más de 70.000 trabajadores
En opinión de la Asociación, la decisión «ha supuesto el cierre de más de 3.700 comercios (de los cuales, el 85% son pequeño comercio, de menos de 300 metros cuadrados) y pone en peligro el empleo de más de 70.000 trabajadores. Se trata de una discriminación innecesaria teniendo en cuenta la actual limitación del aforo al 30% y considerando que centros y parques comerciales han demostrado desde el inicio de la crisis sanitaria que son espacios seguros y confiables, y que están realizando un enorme esfuerzo económico y de personal para implementar en toda Cataluña, de manera ejemplar y sin fisuras, las medidas de seguridad exigidas por las distintas regulaciones, y que exceden en muchos casos las propias recomendaciones recibidas».
Disposición a revisar todas las medidas y estudiar otras posibilidades
«Desde el sector -prosigue el comunicado- se han enviado datos a la Generalitat que muestran el control y rigor extremo en el cumplimiento de los aforos permitidos en todo momento, así como los protocolos higiénicosanitarios que garantizan la seguridad en los centros y parques comerciales. Se ha trasladado igualmente el éxito que estas medidas han supuesto desde el momento en que los centros y parques comerciales abrieron sus puertas al público. El sector también ha mostrado a la Generalitat de Cataluña su disposición a revisar todas las medidas y estudiar otras posibilidades que no pongan en peligro el futuro de un sector generador de empleo».
